Monsanto lanzó una ofensiva de relaciones públicas para intentar sembrar dudas en torno a un estudio publicado.

El estudio sobre el maíz transgénico de Monsanto intensifica la preocupación en torno a la confiabilidad de la Autoridad Sanitaria Alimentaria

 

Monsanto lanzó una ofensiva de relaciones públicas para intentar sembrar dudas en torno a un estudio publicado hace dos días por el científico francés Gilles-Éric Séralini. El estudio muestra que Roundup, el herbicida insignia de este gigante de la biotecnología y el maíz NK603, una de las variedades transgénicas que produce la empresa, están causando efectos devastadores en la salud de ratas estudiadas a lo largo de su vida.


 


En un correo-e que llegó a manos de CEO, un ejecutivo de Monsanto distribuyó una lista de reacciones [1] compiladas por una supuesta fuente “independiente” de noticias científicas, el “Science Media Centre” con sede en Londres. Con el título aparentemente objetivo de “Reacción de expertos al maíz transgénico que causa tumores en ratas”, el Science Media Centre recoge ocho reacciones de científicos ante el estudio, así como diez argumentos anónimos en torno al mismo asunto. Como era de esperar, todas las reacciones desdeñan el estudio. SegúnSpinwatch [2], 70% del financiamiento del Science Media Centre proviene de corporaciones y sulista de patrocinadores [3] incluye a la mayor parte de los peces gordos en la industria de la biotecnología. Parece que esta campaña de desinformación ha cumplido su cometido: las tres fuentes cruciales citadas [4] por el servicio de cables de Reuters en relación con el estudio (Tom Sanders, Mark Tester y David Spiegelhalter) fueron circuladas por el Science Media Centre. Por su parte, el lobby de la biotecnología Europabio emitió un boletín de prensa [5] en el que cita a los mismos especialistas y lista todos los argumentos imaginables para restar credibilidad a la investigación. Si bien esto podría ser apenas el inicio de los intentos de la industria de la biotecnología por socavar la credibilidad del nuevo estudio, las instituciones de la UE y la EFSA no podrán continuar como si nada hubiese ocurrido.

El nombre del científico francés Gilles-Eric Séralini llegó a los titulares ayer gracias a surevolucionario estudio [6] sobre ratas alimentadas con el maíz transgénico NK603 [7] de Monsanto diseñado para resistir al herbicida Roundup, documento publicado en la autorizada revista científica Food and Chemical Toxicology. “El estudio más largo y detallado jamás realizado sobre un herbicida y un organismo genéticamente modificado”, comentó ayer Séralini en una conferencia de prensa celebrada en el Parlamento Europeo al analizar los efectos tanto del maíz transgénico como de Roundup en las ratas. Roundup es el herbicida más vendido en todo el mundo.

 

Estudio

Los resultados del estudio son impresionantes. No solo las ratas sometidas a pruebas con Roundup murieron antes que aquellas en el grupo de control tras desarrollar graves tumores y patologías renales y hepáticas; además, las ratas alimentadas exclusivamente con el maíz transgénico también desarrollaron tumores.
Este nuevo hecho en una controversia que ya suma diez años en torno a la seguridad de los organismos genéticamente modificados pone sobre la mesa la importancia de contar con especialistas confiables a la hora de tomar decisiones de política pública y el papel clave de los organismos reguladores. Es sorprendente que el financiamiento inicial para el estudio de Séralini provenga de CERES [8], asociación financiada por los principales supermercados franceses; recelosos de los estudios oficiales y de la posibilidad de un nuevo escándalo de salud pública de grandes proporciones como el de las vacas locas, decidieron brindar recursos suficientes para contar con una evaluación confiable de los riesgos. Las publicaciones de CEO sobre la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria [9] (EFSA) durante el último año han evidenciado la manera en que las industrias de la biotecnología y los pesticidas han conseguido influir en la “voz supuestamente independiente de la ciencia” a escala europea. Muchos expertos en paneles clave han tenido conflictos de interés y afectado la pertinencia de las directrices para la evaluación de riesgos.
¿Ejemplo? El mismo maíz transgénico referido en el documento del profesor Séralini recibió luz verde [10] por parte de la EFSA para uso alimenticio de animales y humanos en Europa en 2004, y para su cultivo en la UE en 2009. La reacciones EFSA basó su evaluación en una limitada gama de estudios que hicieron pruebas en ratas durante el breve lapso de apenas 90 días. Séralini señala que en sus nuevas investigaciones la mayoría de los tumores en las ratas estudiadas no aparecieron antes de transcurrido un año. CEO ha demostrado [11] que más de la mitad de los expertos del panel para organismos genéticamente modificados que firmaron la aprobación de este maíz transgénico tenían vínculos con la industria, es decir, conflictos de interés conforme a la definición de la OCDE. Ayer, durante su conferencia de prensa, Séralini puso en duda la “competencia e incluso la honestidad” de dichos expertos de la EFSA.
En particular, el presidente del panel sobre organismos genéticamente modificados, Harry Kuiper, usó claramente su puesto para influir en la labor del panel a favor de la industria. El papel desempeñado por Kuiper durante 10 años se encuentra hoy bajo el escrutinio del ombudsman europeo después de una queja de Testbiotech. La política de la EFSA ante conflictos de interés ha mejorado ligeramente desde la instalación de nuevos paneles en julio pasado, pero queda mucho camino por andar: CEO, Earth Open Source, Testbiotech y otras ONG han demostrado que varios panelistas de la EFSA aún acusan conflictos de interés [12] con la industria.
Las directrices de la EFSA [13] para la evaluación del riesgo de los organismos genéticamente modificados están por incorporarse a las nuevas reglas de la UE para transgénicos. En realidad, dichas directrices debilitan aún más las reglas vigentes, pues no solo estipulan que los ensayos de largo plazo son innecesarios, sino que los ensayos de 90 días e incluso los ensayos de alimentación podrían descartarse del todo. Dorothée André, jefa de unidad en la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión, intentó minimizar la situación al declarar que la Comisión propondría ensayos obligatorios de 90 días a los Estados miembro dentro del marco de este proceso de revisión de las directrices, instancia en la que el Parlamento Europeo no tiene injerencia alguna.

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